PERIÓDICOJMW

En teoría, el derecho a la seguridad es responsabilidad del sector público. Así como se menciona en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en estos dos artículos:

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“Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.

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Sin embargo, las causas que generan el alto índice de criminalidad y violencia en nuestro país va más allá.

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Paradoja económica

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La inseguridad y criminalidad ha ido aumentando por la falta de trabajo que entidades públicas y privadas ofrecen. Sin embargo, también es la razón por la que nuevas empresas no quieran establecerse en el país, o quieran retirarse.

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Cada año, miles de jóvenes se integran a la actividad económica del país, pero el mercado de trabajo no genera suficientes empleos; existe más demanda que oferta. “Una pequeña fracción de esta población-afectada además por condiciones sociales negativas como débiles mecanismos de integración social familiares, discriminación y victimización, puede tender hacia acciones transgresoras de la ley” (Rodríguez Matute & García Santiago, 2007). Muchas personas, aunque tengan cierta educación o capacidades, por la falta de oferta de trabajo, no encuentran empleo, por lo que encuentran como única opción irse por la tangente: conseguir fuente económica en contra de la ley.

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Asimismo, la economía del país también se ve afectada por el incremento de inseguridad. “La situación política económica del país dificulta el comercio, que empresas abran operación, y además la corrupción hace que las empresas se retiren del país. Entre más empresas, se genera más dinero y más trabajo. Con esto se podría combatir dos problemas: el económico y el de inseguridad” afirma William Kawaneh, Ingeniero Empresarial.

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El país también sufre económicamente por la falta de seguridad en el tema turístico. Muchos inversionistas y vacacionistas deciden no escoger como destino a Guatemala por la inseguridad y violencia. “La violencia produce pérdidas en años de vida saludable (AVISAS) de su población económicamente activa”. Esto quiere decir que no se generará el valor equivalente al promedio de los ingresos que se pretendía generar de una víctima de homicidio, por lo que es una pérdida para la economía.

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El año pasado, Guatemala atrajo a 1.9 millones de turistas (Fotografía: Irene Buonafina, www.sxc.hu).

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La inseguridad también da paso a que aumenten los costos y la inversión de empresas público y privadas para su seguridad, como medio de prevención. “Los recursos del presupuesto nacional son desviados desde la inversión social o productiva, hacia el financiamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública que se ven sobrecargadas en las exigencias que el contexto les impone” (Ibídem, 2007). Si el nivel de criminalidad disminuyera, no sería tan necesario desviar esos gastos, que podrían ser utilizados en problemas que se deben atacar desde raíz – para prevenir la inseguridad también –, como la falta de educación.

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Falta de inversión educativa

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“Cuando se nace pobre, el saber es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud” (Tomás Bulat).

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Una causa de raíz por la cual existe un gran índice de criminalidad e inseguridad en el país, es la falta de educación e inversión en ella. Al Ministerio de Educación de Guatemala se le asignan 13 mil millones de quetzales; Q8 mil millones se asignan a la primaria, y Q5 mil millones a secundaria. Puede que suene como una gran cantidad de dinero, pero, sin embargo, el 99% del dinero se utiliza para pagar salarios, y solamente 1% para la educación realmente. Además, no se han realizado ninguna reforma en los currículums de estudio desde la época de Álvaro Colom.

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Esto se le suma al hecho de que existen muy pocos empleos para la cantidad de personas que se suman a la actividad económica. No solo no hay trabajo, sino que muchas personas no tienen la capacidad que se requiere para cumplir con esos trabajos. Continuamente, los empleos que muchos ciudadanos consiguen, el salario no le permite mantener sus necesidades, por lo que optan por conseguir ingresos de maneras ilícitas.

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Política de mano dura

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Esta política ha sido adoptada en la mayoría de países de Latinoamérica. Sin embargo, parece no estar funcionando, ya que lo único que refuerza es la grandeza y dureza de las penalidades hacia delincuentes, por ejemplo, rebajando la edad de persecución penal. Esto no ha dado buenos resultados ya que para estos ciudadanos criminales no existe una opción de regenerarse como un ciudadano digno.

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Con esta política, las cárceles se encuentran sobrepobladas, y personas que hayan cometido un delito menor, se ven forzadas a convivir con los otros reos, y no a manera de mejora. Estos entonces “aprenden” de ellos, y salen de la cárcel con mayor ambición de cometer un delito. Para ellos no existe un período de rehabilitación.

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Responsabilidad de todos

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Para que el Estado pueda garantizar la seguridad de sus ciudadanos, estos tienen que participar y promoverla. Como responsabilidad del Estado, es indispensable que establezca una política de seguridad ciudadana la cual no pueda ser transformada cada período electoral. “Un acuerdo nacional que involucre al Gobierno, a la sociedad civil, a los partidos de oposición, a las universidades, sector privado, de modo que todos estén detrás de esta política concordada que pueda tener medidas de corto, mediano y largo alcance.” Sostiene Heraldo Muñoz, subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe. Si cada cuatro años esta política cambia, nunca se podrá erradicar el problema por completo. En esta política, el Estado debe incluir reformas para que se invierta en erradicar el problema desde la raíz: desde la falta de educación, hasta la reforma en la rehabilitación para los ya delincuentes. Como ciudadanos, se debe velar por que no sea solo el gobierno quien decida cómo y qué se va a establecer en esta política de seguridad.